«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», cita textual la pregunta aprobada para la consulta ciudadana.
Especialistas entrevistados por Debate opinaron que, aun cuando la consulta puede representar un instrumento positivo para la democracia en el país, si hay pruebas de corrupción debe ser aplicada la ley, no consultar si esta se aplica o no.
Además, destacaron que legalmente la consulta no se debe aplicar el día de la elección, en el 2021, como se ha propuesto, sino hasta agosto de ese año, como lo mandata la Constitución.
Aspectos legales
Bernardino Esparza Martínez, especialista en derecho constitucional, dijo que se debe respetar la ley federal y no aplicarse a modo o por intereses políticos o económicos.
En entrevista para Debate, agregó que algunos funcionarios o actores políticos han interpretado que quieren que se haga la consulta popular el día de la jornada electoral del 2021; sin embargo, el experto aclaró que por la Constitución política y por ley fundamental eso es imposible.
La consulta popular que tiene su origen en una reforma constitucional del 2012 se modificó en 2019, señalando que las consultas, sobre cualquier tema, deben ser en agosto.
«No es lo correcto, independientemente de la política, legalmente y constitucionalmente no se puede, porque la reforma constitucional que se hizo en diciembre del año pasado se hizo en el sentido de que se incluye que sea en el mes de agosto, el primer domingo, y no el día de la jornada electoral», explicó.
Bernardino Esparza Martínez mencionó que en la ley general de consulta popular se dejó de lado que las consultas populares fueran el día de la jornada electoral, y, en pocas palabras, la ley general no puede estar por encima de la Constitución, por lo tanto —explicó— se debe respetar la Constitución, y se tiene que hacer en el mes de agosto.
Agregó que esto sí podría modificarse, pero solo para otras consultas populares, no en la del próximo año.
El académico expuso que se ha planteado que se haría una reforma constitucional también para un artículo transitorio que permita que la consulta sea el día de la jornada electoral, pero sentenció que la Constitución no está a capricho de nadie.
«Primero, esta es una reforma constitucional, se aprobó para el mes de agosto, y ahorita los ministros y lo que fue el presidente de la república iniciaron un proceso legal para hacer la consulta popular.
Los ministros ya determinaron que fuese constitucional, y se formularon la pregunta; es decir, el proceso legal de esta consulta popular ya inició, no puede haber una reforma constitucional en la medida de que puedan adaptarse las necesidades de la política y la legalidad, eso no puede ser, en ninguna parte del mundo debe de existir, se debe de aplicar la Constitución tal como está en la consulta popular, tal como fue pronunciada», refutó el académico en derecho constitucional.
Además, mencionó que hay todavía algunas preguntas sin resolver, como el presupuesto. Hasta ahora, Esparza Martínez dijo que no fue incluida en la propuesta del paquete económico del 2021.
Los siguientes pasos para que pueda ser llevada a cabo la consulta es enviarla a la Cámara de Diputados, y, si se aprueba, posteriormente irá al INE, para que convoque públicamente que se celebrará una consulta popular.
As político
Para el analista político Jaime González, cuando son cometidos delitos, no hay que consultar si se aplica o no se aplica la ley, por lo tanto, consideró que el objetivo de la consulta popular propuesta por el presidente es otro, y recae en un tema electoral.
El especialista comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que él no quería enjuiciar a los expresidentes, incluso que si se hacía la consulta votaría en contra; sin embargo, inmediatamente lanzó la consulta popular y puso en un predicamento a la Corte.
Jaime González mencionó que, para su punto de vista, de manera inteligente la Suprema Corte le dio la vuelta y modificó la pregunta, eliminando nombres.
«Creo que el impacto político que está buscando el presidente es ir influyendo en el ánimo del electorado para el 2021. Los pobres resultados del Gobierno, en todos los aspectos, en seguridad, en salud, en economía, en empleo, etcétera, etcétera, él sabe que le puede propiciar una dolorosísima derrota en 2021 a su partido, entonces él tiene que seguir jugando en el tema de la corrupción», consideró González.
Visibilizó a su vez que en todos los cuestionamientos y posicionamientos que se hicieron después de que se aprobó por la Corte la consulta, el senador por Morena Ricardo Monreal ha planteado que la consulta podría costar millones de pesos, y por ende la necesidad de cambiarla al día de la elección, en el 2021.
Cabe destacar que Lorenzo Córdoba, titular del INE, señaló hace unos días que es una especulación estar hoy tratando de hablar de costos, cuando el INE aún no ha determinado qué actividades serán necesarias.
Hay que definir cuáles van a ser los requerimientos y las actividades que tendrá que realizar el INE para que la consulta se lleve a cabo, y consecuentemente cuáles serán los costos
El analista político Jaime González agregó que la elección intermedia de un Gobierno federal se convierte en una especie de referéndum para calificar al actual Gobierno, entonces consideró que López Obrador no quiere que se vea eso.
Aunque destacó que es un reclamó justo castigar a los corruptos del pasado, enfatizó que a dos años del Gobierno de AMLO, no se ha castigado a nadie.
«Creo que esa visión, a lo mejor hace un año, un año y medio, hubiera pegado, pero ahorita no, ahorita son muchos padres de niños con cáncer, ahorita son muchas madres que les quitaron las guarderías, son muchos pescadores que les quitaron los apoyos, son muchos agricultores que les quitaron los apoyos, son muchos propietarios de pequeñas y medianas empresas que las dejó a su suerte», expuso.
Democracia
Octaviano Moya Delgado, experto en ciencia política, derecho y administración pública, opinó para Debate que quienes coincidan con lo que se propone en la pregunta de la consulta popular la van a apoyar, y eso no necesariamente implica que voten a favor del partido del presidente.
Por lo anterior, consideró que no va a ser un elemento que constituya una influencia en el resultado de la elección del 2021.
Moya Delgado dijo que esta es la segunda solicitud que recibe la Suprema Corte por parte del presidente de la república para una consulta popular: la primera —indicó— fue sobre los impuestos, y no prosperó. Con base en ello, expuso que no se trata de una acción concreta del presidente, sino que es un procedimiento ya, que las consultas están reguladas y siguen un procedimiento en la Suprema Corte, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo.
«Hay quienes dicen que esta consulta es a capricho del presidente, pero así como pudiera haber esa consulta popular, podría haber otras consultas que se promovieran por parte de otros grupos parlamentarios y que cumplieran con los requisitos que dice la ley», destacó.
Mencionó que la experiencia de las consulta populares se han vivido particularmente en Sudamérica, y no necesariamente quien promueve la consulta obtiene el resultado que desea.
Consideró que ningún instrumento de participación ciudadana afecta o debilita la democracia; al contrario, la fortalece, y el tema de la corrupción ha sido muy sentido, tanto que no es posible olvidar a estas alturas.
Bernardino Esparza Martínez agregó que si la consulta logra realizarse, se requiere del 40 por ciento del listado nominal.
El INE está previendo que en el 2021 haya alrededor de 94 millones de personas en el listado nominal.
«En términos democráticos, sí es el derecho a participar, eso es cierto, sin duda; pero sobre todas las cosas y sobre la pregunta que se está formulando, el enjuiciamiento de personajes o de personas que sean la ponencia, no pueden estar al escrutinio de unas cuantas personas, esto no puede darse de esa manera o al escrutinio de la mayoría, en ese sentido», opinó.
Destacó que en la mayoría de los países en donde se ha llevado a juicio al expresidente por posible mal manejo de su actividad política, se les ha denunciado judicialmente y procesado judicialmente, no mediante consulta.
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